La investigación por presuntas por “prácticas monopólicas absolutas” que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) inició en octubre dentro del mercado de arrendamiento de espacios inmobiliarios no residenciales, habría ocurrido luego de una denuncia por parte de un jugador del sector.
La inmobiliaria Newmark emitió un boletín en el que señala que esas investigaciones se iniciaron basadas en el reporte de alguno de los jugadores que reveló “algún tipo de posible acuerdo para coordinar la respuesta al mercado, en cuanto a condiciones o términos económicos, situación que distorsionaría el mercado y las condiciones de una relación entre oferta y demanda sana”.
La Cofece define las prácticas monopólicas absolutas como los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo fin es “la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información entre ellos para realizar alguna de las conductas anteriores”.
Las presuntas prácticas monopólicas estarían ocurriendo a raíz de la coyuntura provocada por la pandemia, que han impactado de manera directa a las empresas y su capacidad para generar flujos de efectivo, “situación que ha impulsado una solicitud masiva de desfases y reducciones en arrendamientos”.
Lo anterior, provocado porque las políticas de salud pública han requerido “cierres obligados y generalizados, sin precedentes, que afectan de forma directa los rendimientos de los puntos de venta y el uso de muchos espacios de trabajo, como oficinas y espacios industriales”, precisa Newmark.
La investigación abierta por la Cofece, identificada con el expediente IO-004-2020, tiene un plazo de 120 días hábiles a partir del 7 de octubre, término que puede ser ampliado por cuatro ocasiones.
De comprobarse la existencia de una práctica monopólica absoluta, los agentes económicos podrían ser multados hasta por 10% de sus ingresos. Las personas físicas que hubieran participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de acuerdos entre competidores, serían sancionados con prisión, de conformidad con el Código Penal, hasta por 10 años.
La Cofece estima que el tamaño del mercado inmobiliario no residencial a nivel nacional tiene un valor de 108,000 millones de pesos, y dentro de este rubro se ofrecen servicios inmobiliarios a los sectores comercial y turístico, los cuales “han sido los más afectados desde el inicio de la pandemia de COVID 19, por efectos del confinamiento”.
La investigación es un hecho sin precedente “ que prende las alertas en el mercado de bienes raíces”, comentó Sergio Pérez, director ejecutivo de Cuentas Corporativas en América Latina de Newmark.
En el sector corporativo al cierre del último trimestre del año pasado se registró una disponibilidad de 18.6% y 28.3% en las oficinas A+ y A respectivamente, de acuerdo con Newmark. Este nivel de vacancia no se había observado en la última década.