La iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ya fue aprobada por el Poder Legislativo.
¿En qué consiste la reforma?
La propuesta de reforma legislativa tiene como finalidad establecer en la LIE la “nueva política energética” delineada en julio de 2020, y abarca seis aspectos:
- Modificación del criterio rector del mecanismo de despacho de las centrales eléctricas
- Establece la obligación de que los permisos de generación se sujeten a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SNE)
- Los Certificados de Energía Limpia se otorguen con independencia de la propiedad y de la fecha de inicio de las operaciones comerciales de las centrales eléctricas.
- Elimina la obligatoriedad de comprar por subastas para el suministro de servicios básicos
- Revocar permisos de autoabastecimiento cuando hayan sido obtenidos mediante fraude
- Revisión de los contratos de CFE con los productores independiente de energía
1. Cambio en el mecanismo de despacho
El mecanismo de despacho de las centrales eléctricas es el orden en que cada central eléctrica inyecta su energía a la red.
Actualmente, el orden se determina con base en un criterio de eficiencia económica: la central con el menor costo de generación inyecta primero su energía a la red y la más costosa determina el precio para todos los generadores. De esta forma los generadores buscan maximizar la eficiencia para beneficiarse de la diferencia entre su costo de producción y el del precio
“Esta lógica promueve la eficiencia de las centrales eléctricas que compiten entre sí por tener los costos más bajos y así maximizar su beneficio”, señala el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en el documento Cambiar el criterio de despacho del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) abona a un entorno de incertidumbre en detrimento de la competitividad del sector y del país.
Ahora el criterio de despacho será la entrega física, con lo que se privilegiaría la compra de energía eléctrica generada por las plantas de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el mecanismo de despacho quedaría de la siguiente manera:
- Hidroeléctricas
- Otras plantas de la CFE: centrales nuclear, geotérmicas, ciclo combinado y termoeléctricas
- Centrales de ciclos combinados de productores independientes de energía
- Energía eólica o solar de particulares
- Centrales de ciclos combinados de empresas privadas
Foto: Grupo México Infraestructura
La justificación para cambiar el mecanismo de despacho, de acuerdo con la iniciativa presidencial, es que este sistema no compromete la entrega física de la energía con menor costo de generación por kilowatt-hora, lo que obliga al Suministrador de Servicios Básicos CFE a asumir la pérdida por no despacho.
Al respecto, Juan Rosellón, profesor investigador del CIDE y exintegrante del consejo directivo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), señaló en el panel “La iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica”, que la propuesta legislativa pretende resolver este conflicto de costos favoreciendo a la CFE y afectando artificialmente el mercado energético.
El IMCO consideró que este cambio elimina los incentivos para la inversión privada y privilegia la generación de energía por medio de combustibles fósiles, ya que la hidroeléctricas generan apenas 10.2% de la energía consumida en el país.
Por su parte, Daniel Chacón, director de Energía de la Iniciativa Climática de Mexico, explicó que este mecanismo es incompatible con las energías renovables pues estas no son despachables, se aprovechan cuando están disponibles y tiene que recurrirse a otras fuentes cuando no lo están.
No obstante, ello no hace a las energías renovables inviables. El sistema de California es un buen ejemplo donde a las 6 de la mañana comienza a aprovecharse la energía solar y cuando esta disminuye se activan las plantas de ciclo combinado, detalló el especialista en la plática del CIDE.
“Volveremos al combustóleo, al carbón y a las grandes emisiones no nada más de gases de efecto invernadero sino también de gases tóxicos para la salud y el medio ambiente. Es un regreso a los años 70”.
Daniel Chacón, oficial del Portafolio
de Energía Renovable de la Iniciativa Climática de México
2. Sujetar los permisos a la planeación del SNE
Los permisos de generación eléctrica se sujetarán a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SNE) puesto que su “proliferación indiscriminada constituye un grave riesgo para el adecuado funcionamiento de la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución”.
Por el contrario, para Chacón de la Iniciativa Climática de Mexico, la planeación centralizada elimina la libre competencia e impone restricciones a los particulares que desean invertir en el sector, lo que inevitablemente tendrá impacto en los costos de generación.
3. Se eliminan requisitos para la emisión de Certificados de Energía Limpia (CEL)
La reforma energética de 2013 estableció que las plantas generadoras de energías limpias particulares que hubieran iniciado operaciones después de agosto de 2014 podían emitir Certificados de Energía Limpia (CEL), con la finalidad de incentivar la inversión de nuevas plantas de generación de energía limpia.
La reforma aprobada elimina dichos requisitos con lo que se habilita a toda la infraestructura de CFE para emitir este tipo de certificados.
Esta medida, precisó Alejandra Elizondo, investigadora del Programa Interdisciplinario de Regulación y Competencia Económica del CIDE, aumentará la oferta lo que impactará a la baja los precios de los certificados y diminuirá los incentivos para invertir en nueva infraestructura.
4. Compra de energía en subastas no será obligatoria
Con la reforma energética de 2013 se instrumentó un sistema de subastas para que el Suministrador de Servicios Básicos de CFE adquiera energía eléctrica al precio más bajo.
Al eliminar la obligatoriedad de adquirir la compra de energía eléctrica mediante este instrumento, Ángel de la Vega, economista de la UNAM especializado en industria energética, señala que se elimina el mercado, la competencia y los precios, que brindan información a productores y consumidores.
Para Ricardo Ramírez, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y exjuez de la Organización Mundial de Comercio, la reforma implica una “eliminación de facto” del sistema de subastas.
Consecuencias potenciales
- Cambio climático y gases de efecto invernadero (GEI). Alejandra Elizondo, investigadora del Programa Interdisciplinario de Regulación y Competencia Económica, detalló que el sector energético es el segundo generador de GEI, y al privilegiar la generación de energía mediante carbón y combustóleo se potenciarán las emisiones de GEI, pues estos gases son actualmente responsables del 36% de la emisiones. Además, el colectivo de expertos en economía y políticas públicas México ¿cómo vamos? subrayan que la reforma originaría un incumplimiento de obligaciones internacionales adquiridas por México como el Acuerdo de París y el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
- Afectaciones a la salud pública. La producción de energía eléctrica con combustibles fósiles deteriora la calidad del aire y del agua, lo cual tendrá mayores afectaciones a la salud de las y los mexicanos, y es contrario al derecho de vivir en un medio ambiente sano consagrado en la Constitución. Por su parte, Elizondo precisó que diversos estudios han mostrado que la reducción de la contaminación por materia particulada (PM2.5) evitarían cada año 10,000 muertes, y esta afectación tiene un impacto económico superior a 100,000 millones de pesos (mdp). Incluso, en un contexto de pandemia por covid-19, la contaminación por PM2.5 incrementa la mortalidad de la enfermedad.
- Oferta energética insuficiente y pérdida de competitividad. El país necesita una industria eléctrica que genere energía limpia en cantidades suficientes para ser el motor de desarrollo nacional. La electricidad es un insumo para todas las actividades económicas, por lo que si México cuenta únicamente con energía cara, la recuperación económica será mucho más lenta. En 2020 la economía mexicana se contrajo en 8.5% anual y si bien en 2021 se espera que el crecimiento económico se acerque al 4%, en años posteriores la recuperación será lenta y no regresaremos a niveles de producción prepandemia sino hasta dentro de cuatro o cinco años.
- Afectaciones al empleo. El colectivo de expertos en economía y políticas públicas México ¿cómo vamos? identifica un posible impacto al sector manufacturero, donde laboran 4.25 millones de mexicanos, pues las empresas forman parte de cadenas de valor internacionales comprometidas con la generación de cero emisiones antes de 2050, particularmente en la industria automotriz.
- Presiones fiscales. México tiene que fortalecer a la industria eléctrica nacional a través de inversión y no a través de presiones fiscales innecesarias. La CFE debe poder producir, comprar y distribuir energía barata y limpia, por lo que la solución no está en el encarecimiento de los insumos, sino en mayores inversiones y procesos integrados de forma que se incremente su eficiencia en beneficio de los consumidores y de las finanzas públicas.
- Afectación a la confianza y tensiones comerciales. La reforma erosiona la certidumbre jurídica de la inversión; y al cambiar las reglas del mercado eléctrico nacional se incrementan las tensiones con nuestros principales socios comerciales en América del Norte y la Unión Europea. Como resultado, México se desvinculará de las cadenas comerciales de valor, perderá inversiones, empleos de calidad y una caída en las exportaciones.
- Acciones de inconstitucionalidad. La reforma es contraria a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de competencia energética.
